El Economista, 13 de septiembre de 2016.

Ceim, la confederación de empresarios más representativa de la Comunidad de Madrid, está integrada por empresas asociadas directamente y por asociaciones empresariales de carácter sectorial, territorial y horizontal, siendo mayoría las empresas familiares. 

El propósito de todo empresario es contribuir con la creación de riqueza al empleo, al equilibrio fiscal y al soporte del Estado de bienestar, buscando asegurar la sostenibilidad de sus actividades empresariales en beneficio del interés general. Uno de los fines de Ceim es propiciar el desarrollo del mejor marco económico, financiero, político, legal y fiscal que favorezca el crecimiento y sostenibilidad de sus asociados y de todas las empresas de Madrid. 

La crisis económica vino acompañada por altos niveles de déficit y deuda pública de muchos Estados de la Unión Europea, cuya financiación consumió gran cantidad de la liquidez disponible en detrimento de la financiación para las empresas. En España sigue siendo esencial seguir disminuyendo el todavía elevado déficit y la deuda pública para mantener la confianza de los mercados, reducir nuestra vulnerabilidad y cumplir los compromisos con Europa. Para lograr este objetivo, debemos estimular la actividad económica generando con ello unos mayores ingresos fiscales y, a su vez, gestionar de forma más eficiente los limitados recursos públicos. Pero en ningún caso se debe acudir a subidas de impuestos, a la creación de nuevos tributos o al restablecimiento de otros, como el de Patrimonio. 

Todas las Comunidades Autónomas tienen capacidad de decisión sobre el tramo autonómico de los tributos, estando en su mano la capacidad de reducir la carga impositiva. En los últimos años, algunas, entre ellas Madrid, han asumido su responsabilidad contribuyendo a la reducción del déficit, mejorando su eficacia y optimizando sus gastos, sin reducir su nivel de prestaciones. Esto les ha permitido reducir la carga impositiva, lo que se ha traducido en un mayor crecimiento y creación de empleo y en un aumento del bienestar de sus ciudadanos. Estos resultados demuestran la viabilidad y el efecto positivo de estas políticas y parece aconsejable extenderlas al resto. Pero si esto no fuera posible, en ningún caso debe invocarse la homogeneización de los impuestos para aumentar la presión fiscal, limitando la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas en este sentido. 

La crisis financiera mundial provocó una fuerte caída de la actividad económica y una insuficiente financiación a disposición de las empresas, que supuso un extremado aumento de los concursos de acreedores, muchos de los cuales no terminaron en quiebra debido a que sus accionistas soportaron con su patrimonio la financiación de sus empresas, bien por aportación directa de capital o satisfaciendo las garantías solidarias solicitadas por las entidades bancarias para la concesión de créditos. 

Pese al gran esfuerzo realizado por los empresarios y sus familias, el desempleo afectaba en 2013 a más de seis millones de personas. A día de hoy, esta tragedia continúa para las familias de aproximadamente cuatro millones de desempleados, por lo que, si bien la situación ha mejorado, para los empresarios y los trabajadores la crisis sigue estando muy presente en nuestra vida diaria. 

Es sabido que el Impuesto sobre el Patrimonio es injusto y confiscatorio ya que supone una doble imposición, tanto en su generación como en su tenencia: distorsiona las decisiones de inversión; favorece la deslocalización de actividades empresariales, así como de capitales y penaliza el ahorro. Y detrae recursos económicos de familias y empresarios que podrían destinarse al consumo y la inversión, provocando un efecto negativo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo, tal y como se ha reflejado en diversos estudios, como el realizado para 20 países de la OCDE (Hansson, 2010), o el de Alvarado y Sáez (2009), que pone de manifiesto la limitada utilidad de este impuesto en términos de equidad y de redistribución de la riqueza. Y así lo han entendido nuestros vecinos de la Unión Europea, con independencia de la ideología de sus gobiernos, donde únicamente Francia mantiene un impuesto similar. 

En este contexto, y teniendo en cuenta que el patrimonio de los empresarios es una de las principales fuentes de financiación para autónomos, pequeñas y medianas empresas -que son mayoría en España-, no se entienden las declaraciones de los que piden la restauración y la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todas las Comunidades Autónomas. 

Desde Ceim, con plena conciencia de nuestra responsabilidad, vamos a seguir dialogando con todos los partidos políticos, instituciones públicas, sindicatos y demás agentes sociales y económicos para transmitirles nuestra preocupación por los efectos negativos que tendría la reimplantación de estos impuestos en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas porque limitan su financiación, y penalizan la creación de empleo. 

Por tanto, los empresarios de Madrid proponemos la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todas las Comunidades Autónomas, convencidos de que actuamos en defensa no sólo de las empresas madrileñas sino de todas las empresas españolas y, en especial, de los autónomos y pequeñas y medianas empresas -que son, en su mayoría, empresas familiares- y de que así contribuiremos a disminuir la vergonzante lacra del desempleo. En cualquier caso, nos opondremos de forma firme y activa a la eliminación de las bonificaciones existentes de estos impuestos en la Comunidad de Madrid desde el 2008 que, sin duda, han ayudado a reducir las dramáticas consecuencias de la crisis para muchos ciudadanos y empresas en nuestra región.